Además, considera que su mujer, María Luisa Durán, es también responsable de 66 de los abortos, por lo que pide 204 años de cárcel por los mismos delitos en las clínicas Ginemedex, TCB y CBM, a las que acudían españolas y del resto de Europa por la extendida red de contactos que tenía el equipo. La Fiscalía pide para ambos una multa de 28.800 euros cada uno y que se les inhabilite durante 202 años.
Según el escrito fiscal, el acusado, a través de sus clínicas, "configuró de manera estable y permanente, una estructura dedicada a realizar prácticamente de forma exclusiva y continuada interrupciones voluntarias del embarazo sin sujeción a ningún requisito legal ni a ningún plazo temporal".
Praticaban abortos de más de siete meses de gestación
Morín y su equipo, que facilitaron abortar a embarazadas de más de siete meses y medio, justificaban los abortos más allá de las 22 semanas acogiéndose al supuesto de la antigua ley del aborto española que permitía una interrupción del embarazo sin límite si éste ponía en grave riesgo la salud física y psíquica de la madre.
En la mayoría de los casos, los médicos y colaboradores practicaban los abortos sin que las mujeres fueran visitadas por un psiquiatra que pudiera acreditar este riesgo, contando precisamente con dos de estos profesionales –Pascual Javier Ramón Mora y Javier Carrato– para firmar acreditaciones sin mediar visita.
Las pacientes no eran vistas por psiquiatras
Uno de los psiquiatras, Pascual J.R.Mora trabajaba en Can Brians y tenía pendiente una condena por violencia doméstica, mientras que el otro contaba con una consulta privada y atendía en el centro de atención primaria (CAP) Manso.
Ambos acudían al centro para realizar "dictámenes casi idénticos" con independencia de las circunstancias personales de las pacientes que ellos redactaban sin la obligada visita previa, como detalla el escrito.
Por ello, la Fiscalía pide 62 y 201 años de cárcel para los dos psiquiatras, acusados de 20 y 70 abortos respectivamente y del delito de asociación ilícita.
De igual forma, se realizaban abortos acogiéndose al supuesto de que el feto nacería con graves taras físicas o psíquicas sin que se incorporase al expediente dictamen previo emitido por los profesionales.
La auxiliar de enfermería y administrativa de la clínica EMECE, María Virtudes S.V., tenía la función de derivar a las pacientes que pedían abortos de dudosa legalidad a la red de Morín y su esposa, y está acusada de los delitos de asociación ilícita y 26 abortos ilegales, por lo que Fiscalía pide 81 años de cárcel.
Los pasos que daban para practicar los abortos estaban perfectamente estudiados
Como director de la clínica Ginemedex, el líder de la trama impartía instrucciones a sus empleados para la realización de los abortos, que en algunos casos ejecutaba él mismo, pese a haber contraído el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Su esposa, Maria Luisa Durán, era directora de la clínica TCB, donde impartía los mismos criterios que su esposo, y ocasionalmente colaboraba en el acto quirúrgico de la interrupción y facilitaba a las embarazadas la medicación precisa para practicar el aborto.
El médico peruano admitió en su declaración ante la juez instructora del caso, Elisabet Castelló, haber atendido últimamente en sus centros a "una gran población de menores", llegando a facilitar la interrupción del embarazo a adolescentes de 13 años.
En su declaración, integrada en el voluminoso sumario del caso de más de 4.000 páginas, Morín también reconoció prácticas de abortos a embarazadas de siete meses y medio, 29 semanas, en sus clínicas "el último mes" previo a su comparecencia.
Los ginecólogos disponían de un gran sueldo
Los ginecólogos cobraban 8.000 euros al mes
Los tres ginecólogos que trabajaban para Carlos Morín cobraban más de 8.000 euros mensuales por realizar su actividad a sabiendas de que lo hacían con un riesgo verdadero de cárcel.
Para ellos –Dimas Arwin C.O., Antonio R.R. y Ramón T.H.–, el fiscal pide 68, 50 y 209 años de cárcel respectivamente por delitos de aborto y asociación ilícita; y para el médico Marcial R.F., pide 50 años por asociación ilícita, 15 delitos de aborto y un delito de falsedad documental.
Por último, los tres anestesistas, Agustín C.F. y Esther S.R. –-del Hospital Sant Pau–, y Pedro Juan L.A., están acusados de asociación ilícita y de varios delitos de aborto, aunque a éste último también se le acusa de intrusismo por no tener el título homologado. La Fiscalía pide para ellos 170, 104 y 38 años de cárcel respectivamente, dependiendo de los abortos en los que hubieran participado.
Apertura de vista oral contra los 12 imputados
El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha dictado el auto de apertura del juicio oral contra los citados 12 imputados, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona después de que todas las partes hayan presentado sus escritos de acusación.
La juez ha decidido sobreseer el caso respecto al exvocal del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y tocoginecólogo Tomás Parra Parra por no quedar suficientemente acreditada su participación en la trama.
Fuente:ReL
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